Resumen: Admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal que no vulnera el principio de igualdad ya que no existe identidad de razón con recursos precedentes inadmitidos. Inexistencia de infracción en la aplicación de presunciones y su planteamiento en casación. Valoracion ilógica e irrazonable de la prueba pericial del demandante. Análisis de la insuficiencia probatoria e idoneidad del informe. Método reconocible (el sincrónico comparativo, completado con el diacrónico) de los que aparecen en la Guía de la Comisión como aptos para el cálculo del sobreprecio, que presenta serias objeciones (razones que impiden asumir sus conclusiones). Informe que satisface la exigencia de que el demandante hubiera realizado un mínimo esfuerzo probatorio que permite acudir a la estimación judicial del daño. Efecto vinculante de las decisiones de la Comisión sobre prácticas infractoras de las normas de la competencia. Acción follow-on que exige partir del examen de la Decisión. Contenido y alcance de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016. Existencia del daño y relación de causalidad. Circunstancias concretas y significativas que permiten presumir la existencia del daño. Atribución al juez de facultades de estimación del daño. Fijación del perjuicio en el 5% del precio de adquisición de los camiones, con los intereses legales desde la fecha de adquisición.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Demanda en la que se solicitaba indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia en el cártel de los camiones. Contrato de leasing. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal contra una sentencia en la que se había estimado la demanda asumiendo plenamente el dictamen pericial aportado por la actora. La sala reitera que el informe pericial es bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño. Ahora bien, el informe presentado resulta inadecuado para establecer una concreta indemnización, motivo por el que ha habido un error patente en su valoración. Se anula la sentencia y se dicta una nueva en la que la sala aplica su jurisprudencia sobre la presunción del daño y su estimación judicial (en concreto y entre otras, la de las SSTS 372/2024, de 14 de marzo, y 1042/2024, de 22 de julio). El importe de la indemnización será el equivalente al 5% del precio de adquisición de los camiones objeto de litigio, con los intereses legales desde la fecha de adquisición. Identifica la fecha del devengo de los intereses en caso de financiación mediante leasing con la fecha de adquisición. Reconoce la legitimación activa del adquirente mediante contrato de leasing.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Demanda en la que se solicitaba indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia en el cártel de los camiones. La sala estima el recurso extraordinario por infracción procesal contra una sentencia en la que que se había estimado la demanda asumiendo plenamente el dictamen pericial aportado por la actora. La sala reitera que el informe pericial es bastante a efectos de considerar suficiente el esfuerzo probatorio sobre la existencia del daño. Ahora bien, el informe presentado resulta inadecuado para establecer una concreta indemnización, motivo por el que ha habido un error patente en su valoración. Se anula la sentencia y se dicta una nueva en la que la sala aplica su jurisprudencia sobre la presunción del daño y su estimación judicial (en concreto y entre otras, la de las SSTS 372/2024, de 14 de marzo, y 1042/2024, de 22 de julio).El importe de la indemnización será el equivalente al 5% del precio de adquisición de los camiones. Identifica la fecha del devengo de los intereses con la fecha de adquisición.
Resumen: Indemnización de daños causados por la infracción del Derecho de la competencia. Cártel de los camiones. La sala reitera la existencia de la presunción de daño con base en los hechos descritos en la Decisión de la Comisión Europea que sancionó el cártel, y aprecia la suficiencia del esfuerzo probatorio de la parte que permite fijar la indemnización con criterios estimativos, que no resultan desvirtuados de contrario. Las circunstancias descritas en la Decisión son también suficientes para entender que ese daño no fue insignificante o meramente testimonial, habiendo fijado la sala el daño mínimo en casos semejantes en un 5% del precio de adquisición. En este caso, la sentencia impugnada ha estimado el daño en un 8% del precio de cada uno de los camiones, por lo que la sala concluye que, en la medida en que se ha concedido un porcentaje superior sin que se constate alguna razón propia (específica) del caso enjuiciado que justifique su separación de la regla general, procede su rectificación con ocasión de este recurso de casación, que se estima a estos solos efectos. La estimación judicial ha de ser razonable y los parámetros o circunstancias que se afirma son tomados en consideración no cumplen la función de verificar la exacta procedencia de la cuantificación, sino que sirven para mostrar que es razonable y no arbitraria. En consecuencia, se fija el importe de la indemnización en el 5% del precio de adquisición de los camiones, con los intereses legales desde esa fecha.
Resumen: C-229/25, MVCI Holidays y otros. Cuestión prejudicial sobre el plazo de prescripción de la acción de restitución derivada de la nulidad de contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Interpretación de las Directivas 94/47/CE y 2008/122/CE y la jurisprudencia del TJUE sobre el principio de efectividad del derecho de la Unión Europea. Sobre la nulidad radical del contrato que deriva de circunstancias directamente apreciables desde el momento de su celebración, se pregunta al Tribunal de Justicia si el plazo de prescripción de la acción de restitución puede iniciar su cómputo desde el momento de la celebración o perfección del contrato. Y la acción de restitución de los pagos anticipados si podría iniciar el cómputo desde el momento en que se efectuaron los pagos.
Resumen: Constituye jurisprudencia reiterada: que la sala no es una tercera instancia; que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que se trate de un error fáctico, patente, manifiesto, evidente o notorio, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales; que la valoración arbitraria no se identifica con una antagónica apreciación de la prueba practicada, de forma que no cabe incurrir en el exceso de considerar vulneradas disposiciones sobre prueba, cuya valoración ha de hacerse conforme a las reglas de la sala crítica por el mero hecho de que la recurrente llegue a conclusiones distintas, lo que no puede identificarse con una valoración arbitraria o irracional de la prueba. Desde el punto de vista formal, no basta con citar como infringido el art. 24 CE y tampoco respeta los límites de la función revisora que se pretenda desarticular la valoración conjunta para que prevalezca un elemento probatorio sobre otros, y menos aún mediante la cita de normas de prueba no tasadas. En el caso, únicamente se cita como infringido el art. 24 CE, sin mayor concreción, ni se cita como infringida norma alguna de prueba. La recurrente soslaya la importancia que tiene el hecho de que no aportara con su demanda ningún resguardo, recibo o justificante de pago, así como que no diese explicaciones al respecto pues tal comportamiento se ha calificado como no razonable en circunstancias semejantes.
Resumen: Contrato de seguro de transporte con intervención de correduría de seguros. A partir de la anualidad 2017 la aseguradora novó el contrato rebajando el límite indemnizatorio a 60.000 euros para teléfonos móviles. Ese año se produce una sustracción de mercancía consistente en teléfonos móviles, y la aseguradora únicamente indemnizó en 60.000 euros, alegando la novación indicada. Estimada la demanda del asegurado en primera instancia, la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de la aseguradora limitando su responsabilidad al límite novado. Recurre la actora y la Sala estima el recurso de casación. Considera la Sala que: i) que, pese a que, en el caso, se comunicó al corredor de seguros la modificación del contrato, este no asume funciones representativas sino de mero intermediario en el traslado de comunicaciones (art. 21 LCS); ii) además, no se trataba de un intercambio de información inocuo, sino que afectaba a la modificación de un aspecto esencial del contrato de seguro como era el límite indemnizatorio respecto de ciertas coberturas, sin que conste la aceptación expresa del tomador; y iii) que, en el caso, el silencio del tomador no puede entenderse como aceptación tácita, pues tendría que haberse probado que conoció la modificación contractual, lo que no consta. Por todo ello, la Sala con estimación del recurso, concluye que lo decisivo en el caso es que la modificación no fue consentida por el tomador, pues ni siquiera consta que fuera conocida por este.
Resumen: La controversia en casación se reduce a la cuestión de si la Ley 57/1968 es aplicable al caso, dado que se viene negando que la adquisición tuviera una finalidad residencial y, de ser aplicable, a la de si la responsabilidad legal del banco como receptor alcanza a las cantidades objeto de condena que no se discute se anticiparon mediante un cheque y una letra de cambio descontada por la entidad demandada.Respecto a la primera cuestión, la sala considera aplicable la Ley 57/68, aunque es cierto que concurre el indicio muy cualificado de la compra por la misma persona de dos viviendas de la misma promoción; la sentencia recurrida valora que el demandante ofreció precisas explicaciones en el sentido de que quería unirlas y convertir las dos viviendas en una sola, explicaciones verosímiles a la vista de los hechos probados, y valora el hecho de que las viviendas se ubicaban en el lugar donde el adquirente regentaba un negocio y a escasa distancia de donde residía por aquel entonces; siendo insuficientes los indicios alegados para justificar la finalidad especulativa y no residencial. Respecto a la segunda de las cuestiones, la sala considera responsable a la entidad bancaria recurrente que descontó la letra de cambio aceptada para pago de cantidades anticipadas, a tal efecto reitera las SSTS del pleno 491/24 y 492/24, de 12 de abril. Exime de responsabilidad a la entidad por la cantidad anticipada mediante cheque, no consta que hubiera podido conocer y controlar dicho ingreso.
Resumen: Exigida responsabilidad profesional de letrado, el despacho profesional al que pertenece, también demandado, niega su legitimación pasiva, pues la relación profesional se concertó directamente con el letrado que llevó la defensa sin su intervención, si bien el Tribunal establece que tanto el Estatuto General de la Abogacía, en la versión aplicable a estos hechos, como la Ley de sociedades profesionales, contemplan la responsabilidad solidaria de sociedad y profesionales frente a terceros. En este caso las notas de encargo están firmadas por la sociedad a través de su administrador y fue quien cobró las facturas, por lo que no puede acogerse el desconocimiento de la relación que alegan, siendo irrelevante que los correos se remitieran al letrado que era quien llevaba los asuntos. El contrato de servicios profesionales no exige una determinada forma para su validez, por lo que no lo invalida que se facturen servicios no incluidos en las notas de encargo. Se resumen los requisitos de la motivación de las sentencias y respecto de la falta de legitimación pasiva opuesta se cumplen, pues se da respuesta desestimatoria al ser el letrado el que llevó personalmente los asuntos controvertidos. Respecto de la indemnización se aprecia falta de motivación que obliga a la Sala a suplir la omisión. Cuando se frustra una acción judicial debe realizarse un cálculo prospectivo de las posibilidades de éxito para el cálculo de la indemnización.
Resumen: Recurso extraordinario por infracción procesal: incumplimiento de los requisitos de encabezamiento y desarrollo de los motivos, carencia manifiesta de fundamento y planteamiento de cuestiones sustantivas propias del recurso de casación; no se cuestiona un error fáctico o material sino la conclusión jurídica del tribunal sentenciador sobre la inexistencia de incumplimiento previo del promotor. Recurso de casación: defectos de interposición, carencia manifiesta de fundamento y falta de justificación del interés casacional que, en el momento de dictar sentencia, son causa de desestimación; la infracción de norma o jurisprudencia debe ser relevante para el fallo: omisión de la cita de la norma infringida en el encabezamiento del motivo. Jurisprudencia aplicable a la controversia. En el régimen de la Ley 57/1968 lo que se garantiza al comprador es la devolución de las cantidades anticipadas para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el tiempo convenido, por lo que la responsabilidad legal de las entidades de crédito solo nacerá en esos mismos casos de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin. En el caso, la baja de los cooperativistas demandantes, voluntaria y que dio lugar a la extinción de la relación contractual, no trajo causa en el previo incumplimiento de la cooperativa. La desvinculación de los cooperativistas de la cooperativa promotora debe encauzarse por el régimen estatutario.
